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La Decana se pronunció a favor de la lucha en defensa de la educación pública

El jueves 30 de agosto, en el marco de la primera sesión del Consejo Directivo, María Flavia Filippini se manifestó a favor de la lucha de la comunidad universitaria en defensa de la educación pública. Durante la sesión se votó la adhesión al reclamo y el acompañamiento a todas las acciones de movilización.

imagen La Decana se pronunció a favor de la lucha en defensa de la educación pública

El jueves 30 de agosto se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias. Allí se reunieron los candidatos electos por los diferentes claustros y se tomaron en consideración diversos temas, aunque lo que tomó mayor preponderancia fue la situación actúal de la educación pública.

La Decana de la FCA, María Flavia Filippini, consideró justo apoyar y adherir al reclamo de la comunidad universitaria en defensa de la educación pública y rescató el rol de los estudiantes en las asambleas y movilizaciones. Además, en conjunto con el Consejo Directivo, decidieron apoyar el pedido de la Asamblea Estudiantil de suspender las actividades en la Facultad para reflexionar sobre la situación de las universidades y realizar un abrazo simbólico en la explanada.

Así fue que el jueves 30 de agosto se suspendieron las actividades en toda la Facultad de Ciencias Agrarias entre las 12.30 y las 14. Ese mismo día, el Consejo Superior de la UNCuyo decretó, a través de la Resolución Nº 518/18, asueto a partir de las 17, con el fin de facilitar la participación en la movilización que se llevó a cabo en reclamo de la situación presupuestaria y salarial de las universidades nacionales.

El Consejo Directivo no solo decidió apoyar la lucha, sino que peticionó que se oiga el reclamo y que se no recorten los presupuestos. También resolvieron acompañar la ratificación de que la universidad no es un privilegio, sino un derecho del individuo y de la sociedad, junto con la obligación del estado de realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar el financiamiento adecuado del funcionamiento y el trabajo universitario, a través de un presupuesto acorde a estos requerimientos sin ajustes o recortes.

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